jueves, 2 de julio de 2020

EL DEVENGO DE INTERESES EN LA LEGÍTIMA CATALANA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA

LEGÍTIMA.- Devengo de intereses.- Cuando el legitimario recibe un legado en pago de legítima gravado con un derecho de usufructo y opta por renunciar al legado y reclamar la legítima, los intereses se devengan desde el momento del ejercicio de tal opción.

            Sentencia 81/2019, de 12 de diciembre
            (Ponente: Jordi Seguí Puntas)

            RESUMEN.- Se trata de una sucesión regida por el CS, pero la doctrina puede aplicarse al libro IV del CCCat. El testador había legado a su cónyuge el derecho de usufructo universal, nombrado heredero a uno de sus hijos y efectuando diversos legados a favor de los restantes hijos en pago de sus legítimas. El testador dispuso expresamente: «en caso de que cualquiera de los legatarios no aceptare la limitación que supone el usufructo de Doña Beatriz sobre las fincas legadas en pago de legítima, deja sin efecto el legado correspondiente a quien lo haya impugnado y en su lugar le lega únicamente lo que por legítima estricta le corresponda con arreglo a derecho». 

            El heredero comunicó a sus hermanos la disposición a hacerles entrega de los legados dos años después de la apertura de la sucesión, sin obtener respuesta. Otros dos años más tarde, los legitimarios reclamaron judicialmente al heredero el pago de la legítima, a lo que este se opuso alegando que habían aceptado los legados al haber hecho la liquidación tributaria correspondiente. Tanto en primera como en segunda instancia los tribunales fallaron que la liquidación del impuesto de sucesiones no supone la aceptación tácita de los legados, por lo que reconocieron a los legitimarios el derecho a optar por el pago de la legítima, opción que se entendió ejercitada en el momento de la interposición de la demanda. El heredero acudió a casación para reclamar que los intereses de la legítima se computaran desde dicho momento y no desde la apertura de la sucesión, como había dispuesto la sentencia de la Audiencia.

            El TSJC da en este punto la razón al heredero. Entiende el tribunal que ejercitada la opción de los legitimarios por la legítima, su derecho produce los efectos propios de un legado simple de legítima, esto es, el de una deuda de valor, con devengo de intereses desde el momento en que nace la obligación por parte del herederos de pagar las legítimas, citando la Sentencia del Tribunal de Casación de Catalunya de 22 de marzo de 1937 y la STSJC 32/2012. En la presente sentencia dice: «El retraso en el cumplimiento de la obligación de pago de las legítimas debe adaptarse al objeto de esta obligación […]. Así, mientras la obligación pendiente consistía en la entrega de los legados de inmuebles dispuestos en concepto de legítima, en principio debía corresponder a los legitimarios el derecho a hacer suyos –“en lugar de intereses”, como aclara el artículo 365 III CS- los frutos o las rentas que la cosa produjese desde la muerte del causante. Sucede sin embargo que en el caso enjuiciado todos los inmuebles legados estaban gravados con el usufructo universal a favor de la madre de los legitimarios, de manera que la percepción de todas las utilidades de la finca correspondía a la usufructuario, en detrimento de los legatarios. Solo a partir de que la obligación del heredero se transformó en el pago de legados simples de legítima, surge el devengo del interés legal del crédito legitimario» (FD 3.4).

            El tribunal casa en este motivo la sentencia de la Audiencia que, como he dicho, contaba los intereses desde la apertura de la sucesión y exigía, para detener el devengo de intereses a favor de los legitimarios, que el heredero consignara judicialmente el importe de las legítimas o promoviera un expediente de jurisdicción voluntaria, conforme a los arts. 362 y 363 CS. El TSJC considera que hay un error de base en la sentencia casada al considerar que el heredero disfrutaba de la facultad de pagar la legítima entre la muerte del causante y la reclamación judicial de la legítima, cuando lo cierto es que en ese periodo los legados dispuestos por el testador estaban plenamente vigentes, de manera que el heredero no podía ni consignar la cantidad equivalente a las legítimas ni utilizar el procedimiento del art. 363 CS.

            Por otra parte, el heredero sostenía que no debía pagar intereses a dos de sus hermanos ya que estos convivían con la madre usufructuaria y a sus expensas (art. 365 II CS, actualmente art. 451-14.2 CCCat). Aunque la sentencia declara probado que estos legitimarios convivían con la usufructuaria, no considera que vivieran a su cargo puesto que ambos contaban con ingresos propios, sin que hubiera ningún indicio de que la usufructuaria pagara más necesidades que los gastos de mantenimiento de la casa donde vivían (que en realidad eran sufragados por el heredero, que era el arrendatario de la misma). Por lo tanto, el heredero no queda eximido del pago de los intereses de la legítima.

            Por último, la sentencia de la Audiencia condenaba a pagar los intereses a otro de los legitimarios desde el momento de la apertura de la sucesión, sin tener en cuenta que este ejercitaba una acción de suplemento de legítima (ya que había recibido una donación imputable en vida del causante) y que dicho suplemento solo devenga intereses desde el momento en que es reclamado judicialmente (art. 365 II CS, actual art. 451-14.3 CCCat). La sentencia partía de la base que, teniendo como precedente la Sentencia citada del Tribunal de Casación, el precepto tiene su fundamento en la presunción de buena fe por parte del heredero que ignora que el valor de los bienes atribuidos al legitimario e imputables a la legítima no son suficientes para cubrir el valor de esta. En el caso que nos ocupa el heredero no ignoraba dicha insuficiencia, sino que incluso llegó a ofrecer al legitimario otros bienes en pago de su legítima, ofrecimiento que no fue aceptado. Posiblemente este hecho haya influido en que el TSJC resuelva que solo se devengan intereses desde la reclamación judicial, basándose en la lacónica afirmación de que no hay prueba demostrativa de que el heredero fuera o pudiera ser consciente de la insuficiencia de los bienes asignados por el causante en pago de la legítima o imputables a ella.

lunes, 29 de junio de 2020

EL LEGADO DE USUFRUCTO UNIVERSAL Y LA FACULTAD DE TOMAR POSESIÓN DE LA FINCA USUFRUCTUADA

EL LEGADO DE USUFRUCTO UNIVERSAL Y LA FACULTAD DE TOMAR POSESIÓN DE LA FINCA USUFRUCTUADA EN CATALUÑA

RESOLUCIÓN JUS/1366/2020, de 5 de junio
(DOGC 19.06.2020)

            DOCTRINA.- LEGADO.- El legado dispuesto como de usufructo universal no pierde esta naturaleza por el hecho de que el testador excluya algunos bienes del derecho de usufructo, por lo que el legatario puede tomar posesión de las cosas legadas por sí mismo. 

            RESUMEN.- Se plantea si es inscribible un derecho de usufructo sobre una vivienda, que se adjudica la usufructuaria como legataria en la herencia de su marido, sin el consentimiento de todos los herederos. En el testamento, el testador legó a su cónyuge lo que denominó el usufructo universal de sus bienes, con exclusión de dos plazas de aparcamiento (que prelegó en pleno dominio a dos hijos de un anterior matrimonio) y de unos activos financieros (que legó a la propia usufructuaria). Los herederos “en el remanente de sus bienes” eran los cuatro hijos y no se facultó al cónyuge viudo para tomar posesión de los bienes objeto del derecho de usufructo.

            La registradora de la propiedad suspende la inscripción alegando que el derecho de usufructo no es universal pese a que el testador lo calificara como tal, pues excluyó algunos bienes, por lo que necesita la entrega por parte de los herederos conforme al art. 427-22 CCCat.

            La DGDEJ revoca la nota de calificación por considerar que el derecho de usufructo legado tiene carácter universal y, por lo tanto, entra dentro de las excepciones que el art. 427-22 prevé para no requerir su entrega por los herederos. Previamente a entrar en el fondo de la cuestión, la DG resuelve sobre su propia competencia para conocer del recurso, pues la registradora (de forma incomprensible e inaceptable, como subraya la resolución) lo elevó a la DGRN, la cual, ya como DGSJFP, se inhibió por versar exclusivamente sobre materia de derecho catalán. Esta irregularidad procedimental causó que la DGDEJ conociera del recurso dos días antes de expirar el plazo legal para resolverlo (tres meses desde el día en que entró en el Registro, conforme al art. 3.7 de la Ley 5/2009, de 28 de abril); de aplicar estrictamente esta norma, resultaría que la propia interesada en mantener la nota de calificación se convertiría en árbitro del tiempo atribuido a la DGDEJ para resolver el recurso, con la sanción de que el silencio por parte de esta tiene como efecto la resolución negativa del mismo. La DG evita esta situación interpretando que el plazo de tres meses empieza a correr desde que el recurso se presenta en el Registro de la propia DGDEJ, por lo que procede a resolverlo.

            La resolución basa la calificación del usufructo como universal en la voluntad del causante, manifestada claramente en el testamento, y en el art. 427-34.2 CCCat, que dispone que «el legado de usufructo universal, salvo que la voluntad del causante sea otra, se extiende a todos los bienes relictos», del que se deduce que la exclusión de algunos bienes no hace perder al usufructo su carácter universal: al tratarse de una llamada de tipo universal, se extiende a todo aquello que no se ha excluido de forma expresa. En el caso particular de este recurso deben tenerse en cuenta otras circunstancias, como el que los legatarios de los bienes excluidos del usufructo son legitimarios y la atribución de estos bienes vendría a ser una forma de pagarles la legítima, por lo que la exclusión viene a establecerla la propia ley (de otro modo, siempre que hay legitimarios no podría haber un usufructo universal); el valor del derecho de usufructo viene a representar un 7% del valor de la herencia, lo que dificulta la posibilidad de que la usufructuaria esté actuando en fraude de los derechos de los herederos, ni de mala fe (que no puede presumirse); la legataria es el cónyuge viudo, siendo poco plausible que la voluntad del testador fuera que los hijos del primer matrimonio (a quienes atribuye solamente dos plazas de garaje) tuvieran el control sobre la entrega del usufructo; y el inmueble objeto de la pretendida inscripción es el domicilio habitual de la usufructuaria, por lo que ya tiene la posesión del mismo, lo que priva de fundamento a la exigencia legal de entrega de dicha posesión.

            En relación con este último argumento, la resolución hace una reflexión sobre el sentido de la norma general de que el legatario no pueda ocupar por su propia autoridad la cosa legada con eficacia real. No puede explicarse como una garantía del heredero que tiene la posibilidad de pedir la reducción de los legados por razón de la cuarta falcidia o de las legítimas, ya que los arts. 427-45.2 y 451-22.4 «facultan al legatario afectado por la reducción a evitarla abonando al heredero o al legitimario, en dinero, el importe de la reducción y que, en todo caso, conforme al art. 427-15.1, el legatario adquiere la propiedad de la cosa legada en el mismo momento de la delación. Por lo tanto, el único sentido práctico de la exigencia de la entrega de la cosa legada por parte del heredero es preservar la paz social protegiendo la posesión física de la cosa legada y evitando que el legatario actúe unilateralmente, sobre todo cuando se trata de bienes muebles» (FD 3.4).

            COMENTARIO.- Es ciertamente evidente el sentido de esta resolución en base a todos los argumentos expuestos, del que destacaría uno: mediante la institución del usufructo universal el testador hace una llamada a todos los bienes no excluidos expresamente, lo cual tiene una doble utilidad práctica: 1) la innecesariedad de detallar uno por uno todos los bienes sobre los que recae; y 2) la extensión del usufructo a bienes que no formen parte del patrimonio del testador en el momento de testar. Es, por lo tanto, preferible utilizar la figura del usufructo universal antes que el empleo de expresiones como «lega el usufructo de los restantes bienes» o «en el remanente de sus bienes», que puede dar lugar a dudas interpretativas en relación a los bienes de los que el testador no sea propietario al testar.

            A propósito de la expresión «instituye heredero en el remanente de los bienes», que figura en el testamento que da lugar al presente caso, se suele utilizar con frecuencia en la práctica notarial cuando, después de ordenar algún legado, el testador quiere dejar claro que dicho legado o legados quedan fuera de la institución de heredero, como para evitar una cierta contradicción entre el nombramiento de «heredero universal» y los legados ordenados. Ambas expresiones son técnicamente incorrectas pues la institución de heredero ya conlleva la universalidad en la sucesión y la obligación de cumplir las cargas hereditarias. Por lo tanto, el calificativo de «universal» en relación con la institución de heredero es redundante, y no digamos ya la de «heredero universal en todos sus bienes y derechos, presentes y futuros» que se utiliza quizás para dar un mayor realce a la figura, pero que incluso puede dar lugar a dudas interpretativas con respecto a los bienes que el causante posea al testar y que posteriormente transmite; en todo caso, es una descripción incompleta. Asimismo, la expresión «nombra heredero en el resto de sus bienes», que se utiliza para evitar calificar al heredero como universal cuando se ordenan legados, es incorrecta pues desconoce la naturaleza propia de la institución de heredero en Cataluña, que proclama la frase inicial del primer artículo del Libro cuarto del CCCat (me refiero al art. 411-1), al decir que «el heredero sucede en todo el derecho de su causante». Por todo ello, es recomendable, en buena y precisa técnica jurídica que siempre favorecerá la claridad y la disminución de conflictos, no modalizar la institución de heredero concretando si es universal o si sólo lo es respecto de los bienes no legados; y en su lugar limitarse simplemente a instituir a alguien heredero.

            Por lo que se refiere a la exigencia legal de entrega de posesión por parte del heredero, coincido con la DGDEJ en que no tiene mucho sentido respecto de los bienes inmuebles legados con eficacia real, cuya propiedad es adquirida de pleno derecho por el legatario sin necesidad de dicha entrega por aplicación del art. 427-15. Considero que la norma, por mi experiencia práctica ya dilatada, suele contravenir la voluntad del testador (como en el caso de la cuarta falcidia), que no tiene en mente que el legatario tenga que pedir al heredero la entrega de la posesión del inmueble legado, lo que hace necesario preguntar en cada caso sobre la cuestión y consignar, normalmente, que se faculta al legatario para tomar posesión por su propia autoridad de la cosa legada. La cuestión es especialmente lacerante en el caso de testador casado en segundas nupcias (o en relación de pareja estable) con hijos habidos de una relación anterior (como el de la resolución que comentamos), en que conviene evitar que la segunda pareja y los hijos que no sean comunes tengan que depender unos de otros para poder ejercer sus derechos sucesorios.   

             

EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE INMUEBLES

EL DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO A FAVOR LA ADMINISTRACIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE INMUEBLES

Dos resoluciones de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña

RESOLUCIÓN JUS/743/2020, de 12 de marzo
(DOGC 20.03.2020)

            DOCTRINA.- La falta de notificación al Ayuntamiento de Barcelona de la decisión de vender la mitad indivisa de un edificio plurifamiliar es causa de denegación de la inscripción de la venta a favor de un tercero.

            RESUMEN.- Se transmite la mitad indivisa de un edificio plurifamiliar situado en Barcelona, destinado principalmente a viviendas. El Ayuntamiento de dicha ciudad dispone sobre estos edificios de un derecho de tanteo y retracto derivado del Plan General Metropolitano, por lo que la registradora de la propiedad exige que se le notifique la transmisión a tales efectos para poder inscribir la escritura de venta.

            La DGDEJ confirma la nota de calificación amparándose en que, pese a que la propietaria de la restante mitad indivisa, cuyo derecho de adquisición considera preferente al del Ayuntamiento, no ha comparecido ante el notario autorizante para renunciar a tal derecho, «sí que vende la totalidad de dicho inmueble –su 50 % del total inmueble, que en definitiva es el 100 % de la participación que tiene– tal como consta en la parte dispositiva I de la escritura otorgada ante notario, en la que textualmente se dice “A. M. P. vende el pleno dominio de la mitad indivisa que le pertenece de la finca descrita en el expositivo de esta escritura...”, ya que si se vendiera una o más entidades que forman parte del inmueble, entonces el derecho de tanteo y retracto se tiene que entender que no sería aplicable (FD 1.5)». Y añade que, en otro caso, «nos podríamos encontrar ante una situación clara de fraude de ley, ya que se utiliza una norma legal con un propósito contrario a su finalidad, en el sentido que en los edificios plurifamiliares enteros destinados principalmente a vivienda y que sean propiedad de dos o más copropietarios, para evitar aplicar el derecho de tanteo y retracto –establecido en el caso que nos ocupa a favor del Ayuntamiento de Barcelona– se burlaría la normativa establecida si se efectúan ventas parciales de los inmuebles y así poder eludir los mencionados derechos de tanteo y retracto, y en especial el espíritu y la finalidad de la norma que es la de posibilitar la adquisición por parte del Ayuntamiento de Barcelona de dichos inmuebles para destinarlos a viviendas sociales» (FD 1.6).

            Por lo tanto, al venderse la totalidad de la participación de la vendedora en el inmueble, el derecho de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento de Barcelona sigue plenamente vigente y eficaz, y tiene que notificar a aquél «la decisión de vender su parte y las condiciones esenciales de la transmisión, sin perjuicio del derecho de la otra copropietaria, que en el supuesto de querer ejercer su derecho de retracto deberá acudir a la vía judicial» (FD 1.5). 

            COMENTARIO.- Puede sorprender que la falta de notificación al Ayuntamiento de Barcelona a los efectos del ejercicio del derecho de tanteo impida la inscripción de la transmisión y, en cambio, no ocurra lo mismo por falta de notificación a la copropietaria pese a que su derecho de adquisición tiene rango preferente al de la Administración. La razón de este trato diferenciado radica en que los arts. 134 y 135 de Ley de la Generalitat de Catalunya 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, imponen a los notarios el deber de exigir el cumplimiento de la notificación y a los registradores el de denegar la inscripción de la escrituras en que se formalicen actos sujetos al derecho preferente de adquisición de las administraciones; estos preceptos prevén tal derecho en caso de transmisión de viviendas de protección oficial, pero el apartado 4 del art. 134 lo extiende a la declaración de áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto del art. 15 de la propia Ley. El apartado 1 de este precepto es el que habilita a los municipios para que puedan delimitar estas áreas, delimitación que el Ayuntamiento de Barcelona acordó mediante el Edicto de 14 de diciembre de 2018, citado en la resolución. Este edicto, que tiene una vigencia de 6 años, confiere al Ayuntamiento de Barcelona los derechos de tanteo y retracto sobre los inmuebles sujetos en toda transmisión onerosa de los mismos. 

            Con anterioridad a la resolución que comentamos, la RDGDEJ de 5 de mayo de 2008 ya exigió, para poder inscribir una escritura de compraventa, la notificación previa a la Generalitat en un supuesto de derecho de adquisición preferente de una vivienda de protección oficial. En cambio, la RDGDEJ de 6 de febrero de 2008 también había declarado inscribible la venta de una porción indivisa de una finca sin la notificación a los comuneros; la DG se basaba en que el Código civil de Catalunya no exige la notificación para poder inscribir la transmisión en el Registro de la Propiedad sino que, más bien al contrario, permite la inscripción al prever que el plazo para el ejercicio del derecho de retracto iniciará a contarse desde la inscripción (o desde que el titular del derecho tenga conocimiento de la transmisión). 

            El hecho de que no transmita la totalidad del dominio, sino una participación indivisa del mismo (la DG peca aquí de imprecisión al hablar de que se vende la totalidad del inmueble), no es una excepción a la norma, como bien reconoce la resolución, con independencia del posible fraude de ley, que no se debería presumir: la norma no prevé como excepción la transmisión de una participación indivisa, lo que debería bastar, e incluso extiende su aplicación a la transmisión de acciones o participaciones sociales de sociedades mercantiles, lo que refuerza más el criterio de la DG.  

            RESOLUCIÓN JUS/1367/2020, de 11 de junio
            (DOGC 19.06.2020)

            DOCTRINA.- El derecho de adquisición preferente derivado de la venta de varias viviendas arrendadas en un mismo inmueble no regía entre el 19 de abril y el 31 de diciembre de 2019. En la actualidad, para que sea procedente no se requiere que los elementos transmitidos constituyan la totalidad de los que integran el inmueble, bastando que sean todos los que son propiedad del transmitente.

            RESUMEN.- En escritura autorizada el 22 de noviembre de 2019 se vendieron un local comercial y seis viviendas junto con varias plazas de aparcamiento y trasteros de un mismo edificio. Se hizo constar que el local estaba libre de arrendatarios y que las viviendas estaban arrendadas a diferentes arrendatarios, pero que, de acuerdo con el art. 25.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, no había derecho de tanteo y retracto a favor de los arrendatarios puesto que se vendían conjuntamente la totalidad de las entidades de que la vendedora era propietaria en el edificio.

            La registradora de la propiedad suspendió la inscripción por considerar que la Administración tiene un derecho de adquisición preferente sobre las viviendas vendidas, al amparo del propio art. 25.7 LAU en concordancia con los arts. 173 y 174 del Texto refundido de la Ley de Urbanismo de la Generalitat de Catalunya, en la redacción dada por el Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre. 

            La DGDEJ revoca la nota de la registradora sobre la base de que al tiempo de otorgarse la escritura de compraventa no estaba vigente en Catalunya el derecho de adquisición preferente a favor de la Administración para el caso de venta conjunta de varias viviendas arrendadas en un mismo edificio. Para fundamentar esta conclusión, hace un repaso cronológico de la normativa sobre la materia:

            - El Real Decreto Ley estatal 7/2019, de 1 de marzo, que entró en vigor el día 6 de marzo, modificó el art. 25.7 LAU, para conceder a las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, la posibilidad de establecer un derecho de tanteo y retracto a favor del «órgano que designe la Administración competente en materia de vivienda». Esta posibilidad se prevé solamente para dos casos: 1) «cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las otras viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble»; y 2) «cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad delos pisos y locales del inmueble». Esta norma estaba vigente en el momento de otorgarse la escritura de venta (sigue estándolo) y es aplicable en Catalunya, como derecho supletorio, puesto que la legislación catalana no regula los arrendamientos urbanos. Sin embargo, no establecía de forma efectiva el derecho de adquisición preferente sino que, como he dicho, facultaba a las Comunidades Autónomas para hacerlo. Veamos a continuación si en Catalunya se llegó a regular.

            - El Decreto Ley de la Generalitat 5/2019, de 5 de marzo, que entró en vigor el 8 de marzo (adviértase la casi coincidencia con las fechas del RDL estatal), modificó el art. 158 de la Ley de Urbanismo catalana estableciendo un derecho de tanteo a favor de la Generalitat en caso de transmisión onerosa de viviendas arrendadas que se transmitan conjuntamente con el resto de viviendas o locales que formen parte del mismo inmueble. Por lo tanto, la Generalitat de Catalunya llegó a implementar la norma estatal; sin embargo, el DL citado no fue convalidado por el Parlamento catalán, por lo que fue derogado el 18 de abril. La DGDEJ considera que la derogación del DL no tuvo efectos retroactivos, por lo que estuvo vigente entre el 8 de marzo y el 18 de abril de 2019.

            - Con posterioridad a la fecha de la escritura se promulgó el Decreto Ley de la Generalitat de Catalunya 17/2019, de 23 de diciembre, que entró en vigor el 31 de diciembre, y volvió a modificar la Ley de Urbanismo incorporando en el art. 173 un derecho de tanteo a favor de la Generalitat en caso de transmisión onerosa de «viviendas arrendadas cuando, de acuerdo con la legislación sobre arrendamientos urbanos, se transmitan conjuntamente con el resto de viviendas o locales que formen parte del mismo inmueble». Dicho DL no prevé la aplicación retroactiva de la norma.

            Por consiguiente, en el momento de la transmisión objeto del presente recurso no estaba vigente del derecho de tanteo a favor de la Generalitat de Catalunya y, aunque la registradora alega la voluntad del legislador de establecerlo entre el 18 de abril y el 31 de diciembre de 2019, dicha voluntad es insuficiente para justificar la vigencia de la norma.

           Por otra parte, la resolución contiene una consideración en relación con uno de los argumentos del recurso contra la aplicación del derecho de tanteo: que no se vendía la totalidad del inmueble, sino una parte del mismo. La DG no comparte este criterio y aclara que el requisito para la aplicación del actual art. 173 de la Ley de Urbanismo es que el vendedor transmita la totalidad de las entidades de que sea propietario en el inmueble, sin conservar la propiedad de ninguna de ellas, aunque no constituyan la totalidad de las entidades que integran el inmueble.

            Finalmente, considera el argumento del recurrente de que la notificación a la Administración no es necesaria para poder inscribir la venta en el Registro de la Propiedad, puesto que el art. 174.3 de la Ley de Urbanismo establece que la Administración puede ejercer el derecho de retracto a contar desde la inscripción registral. Pese a ello, al igual que en la RDGDEJ de 12 de marzo de 2020, entiende que no se puede inscribir la venta si no se justifica que se ha hecho la notificación al titular del derecho de tanteo, por aplicación del art. 25.5 LAU.

            COMENTARIO.- Pocas dudas ofrece el supuesto de hecho sobre la aplicación temporal de las normas reseñadas. A efectos prácticos resulta más interesante la consideración sobre la innecesariedad de que se transmitan todas las viviendas o locales del inmueble para que tenga lugar el derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración. No podía ser de otra forma, teniendo en cuenta que el actual art. 137 de la Ley catalana de Urbanismo está amparado por el art. 25.7 LAU, como reconoce el propio precepto y la Exposición de Motivos del DL 17/2019, al explicar que la norma se ha dictado «de acuerdo con las posibilidades que ofrece la legislación estatal de arrendamientos urbanos». El art. 25.7 LAU requiere en uno de sus supuestos que «la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las otras viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble». Hay varias cuestiones sobre la norma que me gustaría destacar:
            a).- La norma estatal habla únicamente de venta, mientras que el art. 137 de la Ley de Urbanismo lo amplía a toda transmisión onerosa. Posiblemente la extensión es indebida pero pocas dudas interpretativas ofrece la expresión de la norma catalana.

               b).- El derecho de tanteo requiere que una de las viviendas que se venden conjuntamente esté arrendada, pero basta con que esté arrendada una de ellas, no es necesario que las restantes también lo estén, cualquiera que sea su número. 

            c).- Se puede plantear qué ocurre cuando el propietario de una vivienda arrendada tiene además y únicamente una plaza de aparcamiento o un trastero o ambos en un mismo inmueble. Entiendo que el derecho de tanteo no existe puesto que la ley habla de «otras viviendas o locales» y una plaza de aparcamiento o un trastero no son ni una cosa ni la otra, aunque a veces estén constituidos en el título y en el registro como una participación indivisa de un local. Considero que en estos casos prevalece sobre su descripción formal, su naturaleza como inmueble destinado al uso accesorio de la vivienda.

            d).- Si no se transmite la totalidad sino una participación indivisa de las viviendas, sí es aplicable el derecho de tanteo, por aplicación del criterio de la RDGDEJ de 12 de marzo de 2020. Más discutible me parece que proceda en caso de transmisión de acciones o participaciones sociales de sociedades mercantiles, como en el caso del tanteo y retracto amparado en el art. 134.1 de la Ley catalana 18/2007, del derecho a la vivienda, para cuando se transmiten edificios plurifamiliares; pues tal supuesto no está amparado ni por el art. 25.7 LAU ni por el art. 173 de la Ley de Urbanismo catalana.

            e).- El art. 173 LU concede a la Administración solamente un derecho de tanteo, sin derecho de retracto. No queda claro si se trata de una omisión o si es la voluntad del legislador. El art. 25.7 LAU confiere un derecho de tanteo y retracto; el art. 174 LU lleva por rúbrica «ejercicio de los derechos de tanteo y retracto», pero parece que regula no solo el derecho del art. 173 sino también el derecho de adquisición preferente en caso de transmisión de un edificio plurifamiliar, aunque no esté arrendado, conforme al art. 134.1 de la Ley del derecho a la vivienda. En cualquier caso, no tiene sentido establecer un régimen distinto para uno y otro caso, por lo que debemos interpretar que el derecho del art. 173 no es solo de tanteo sino también de retracto. Quizás sería más sencillo referirse solo a un derecho de adquisición preferente a ejercitar por la Administración dentro de un plazo contado desde la preceptiva notificación que debe recibir de la decisión de transmitir o, en su defecto, de la transmisión ya realizada; y que, mientras no reciba ninguna de dichas notificaciones, mantenga incólume su derecho, con independencia de la inscripción en el Registro de la Propiedad o de que tenga conocimiento de la transmisión por otros medios.

            Por otra parte, falta en la Ley de Urbanismo una norma similar a la de la Ley del derecho a la vivienda cerrando el Registro de la Propiedad a cualquier transmisión sin la previa notificación, e incluso el art. 174 habla de ejercicio del derecho de retracto dando un plazo a contar desde la inscripción en el Registro (dando a entender que esta puede practicarse sin necesidad de notificación y obligando a la DGDEJ a acudir a la LAU para sostener el criterio contrario). Sería deseable un poco más de claridad y de coordinación entre los diversos derechos de adquisición preferente a favor de la Administración concedidos por las leyes urbanísticas catalanas (y posiblemente la elaboración de un texto legal que las refundiera en una sola norma). Sería congruente con la propuesta del párrafo anterior prescribir en todo caso la denegación de la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad si no se justifica la práctica de alguna de las notificaciones propuestas (la de la decisión de transmitir, por parte del transmitente; o la de la transmisión ya realizada, por parte del adquirente); así como no permitir la autorización de la transmisión por parte del notario sin la notificación previa o, alternativamente, sin el encargo al notario, simultáneo a la transmisión, de practicar la notificación a posteriori.

            g).- Como destaca la DGDEJ, no es necesario que la transmisión sea de la totalidad del inmueble, sino que lo que se requiere es que comprenda todas las viviendas y locales que se transmiten conjuntamente. Este último adverbio parece hacer referencia a que se transmitan en un mismo acto, por lo que en la práctica puede ser fácil burlar la norma separando la formalización de la transmisión en momentos diferentes, lo que puede llevar a una interpretación amplia del términoconjuntamente, interpretación que sin embargo puede no impedir la elusión del control de legalidad notarial y registral.  




martes, 28 de abril de 2020

EL PAPEL CENTRAL DEL NOTARIO EN LA COORDINACIÓN REALIDAD/TÍTULO/REGISTRO/CATASTRO


La Ley hipotecaria atribuye a los registradores de la propiedad un notable protagonismo en la coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario: siempre que se pretenda la inscripción de una representación gráfica, tanto si es preceptiva como si es potestativa, el registrador debe valorar la correspondencia entre la finca registral y la parcela catastral representada en la CCDG o la finca resultante de la representación gráfica alternativa en los casos en que la LH la permite.

Además, la DGRN, en la R. de 17 de noviembre de 2015 y en toda su doctrina posterior, ha interpretado el art. 199 LH, que es el que regula junto con los arts. 9.b) y 10 la inscripción de la representación gráfica, en el sentido de permitir emplear dicho procedimiento cuando se pretende una rectificación de superficie, aunque la diferencia sea superior al 10% de la inscrita, como alternativo al procedimiento notarial del art. 201.1, que es el que, en una primera lectura de la ley, parece reservado para dichas rectificaciones. 

Pese a ello, el notario puede y, en mi opinión, debería ser el principal artífice de la coordinación entre la realidad física y su representación, pues tanto la escritura pública como el Registro y el Catastro son medios de representación de dicha realidad y, a la postre, lo que verdaderamente interesa a la sociedad no es solo la concordancia entre los diversos medios de representación de la realidad, sino también y principalmente la concordancia entre la realidad física y dichos medios.

            En el entramado de relaciones entre realidad física y medios de representación de la misma pueden darse hasta seis modalidades y el notario interviene en todas ellas, pues es quien está en el centro del cuadrado formado por los cuatro vértices: realidad, título, Registro y Catastro.

            1ª.- Relación realidad/título: el notario puede y, en algunos casos, debería aconsejar a los otorgantes de toda escritura pública que tenga por objeto una porción de terreno, la medición de la finca objeto del negocio jurídico, ya sea con carácter previo a la autorización del documento (quizás difícil en la práctica) o advirtiéndoles de la conveniencia de que lo hagan en un futuro. En algunos casos, tales como en las escrituras de declaración de obra nueva y de modificación de entidades hipotecarias, debe incorporar a la escritura mediciones reales sobre el terreno, con sus coordenadas georreferenciadas: al menos, la de la superficie de terreno ocupada por la edificación en el primer caso y la de las fincas objeto de las modificaciones en el segundo.

            2ª.- Relación realidad/Registro: el notario puede actualizar y en general adaptar a la realidad la descripción registral con base en las manifestaciones de los otorgantes. Es habitual hacerlo con la ubicación, cuando ha cambiado la nomenclatura de la calle o el número de policía de la finca urbana, o incorporando el número de polígono y de parcela si se trata de fincas rústicas; pero también debería hacerse con los demás elementos descriptivos, especialmente los linderos, para sustituir los linderos personales (normalmente anticuados o incorrectos) por linderos fijos (dando cumplimiento al art. 51 RH y a las recomendaciones de la DG).

            3ª.- Relación realidad/Catastro: a través de la incorporación de la CCDG a la escritura, el notario puede/debe preguntar a los otorgantes si existe alguna discrepancia entre la realidad física y la certificación catastral (art. 18.2.c TRLC) y, en caso de haberla, puede instar la rectificación del Catastro, bien directamente, bien a través del Registro de la Propiedad. Esta posibilidad que nos concede la ley a través del art. 18.2 TRLC, lamentablemente no está operativa en la mayor parte del territorio, cinco años después de la promulgación de la Ley 13/2015, pero es de esperar que en algún momento se pongan los medios telemáticos prevista en dicha ley.

            4ª.- Relación título/Registro: el notario debe describir los bienes que constituyan el objeto del título expresando con la mayor exactitud posible aquellas circunstancias que sean imprescindibles para realizar la inscripción registral (art. 170 Reglamento notarial).

            5ª.- Relación título/Catastro: el notario debe:

            - incorporar a la escritura la CCDG y la referencia catastral (arts. 3.2 y 38 TRLC).

            - remitir al Catastro información sobre las escrituras que autorice en los términos que establecen los arts. 14.a) y 47.2 TRLC (modificaciones hipotecarias y constitución de propiedad horizontal) y 36.3 (cualquier documento en que consten hechos, actos o negocios susceptibles de inscripción en el Catastro). 

            6ª.- Relación Registro/Catastro: el notario debería asesorar a los otorgantes sobre los procedimientos para obtener la coordinación gráfica entre Registro y Catastro, así como para rectificar los datos registrales en base a la CCDG cuando los otorgantes manifiesten que esta se corresponde con la realidad física o, incluso cuando no se corresponda, mediante la aportación de una representación gráfica alternativa (art. 201 LH).  
            
            El hecho de que algunas de las actuaciones citadas no las imponga la ley con carácter preceptivo no obsta a que sea recomendable realizarlas; al menos, el notario debería informar y asesorar a los otorgantes sobre la materia. 

sábado, 7 de marzo de 2020

¿POR QUÉ LOS TESTAMENTOS DEBERÍAN INCLUIR UNA CLÁUSULA SOBRE EL CONTENIDO DIGITAL DE LA HERENCIA?


¿POR QUÉ LOS TESTAMENTOS DEBERÍA INCLUIR UNA CLÁUSULA SOBRE EL CONTENIDO DIGITAL DE LA HERENCIA?

Reflexiones a propósito del artículo “Herencia y protección de datos de personas fallecidas. A propósito del mal denominado «testamento digital”, de Susana NAVAS NAVARRO[1].

La autora propone a los notarios españoles que paliemos los conflictos a los que aboca la legislación sobre la llamada herencia digital o, quizás más propiamente, sobre el contenido digital de la herencia. La legislación española sobre la materia está constituida únicamente por los arts. 3 y 96 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo LOPD), en el ámbito estatal[2]; y por el art. 411-10 del Código civil de Cataluña. ¿Cuáles son los conflictos que ocasionan dichas normas? Para responder a esta pregunta debemos empezar por perfilar ciertos conceptos básicos, como el de “contenido digital de la herencia”.
La Dra. Navas define con dicho término al conjunto de bienes, derechos y obligaciones, esto es, de relaciones jurídicas del causante derivadas de su comportamiento online en vida, que no se extingan a su fallecimiento. Este comportamiento online puede tener múltiples modalidades, que sistematiza de la siguiente forma: 1) redes sociales, tipo Facebook, Whatsapp, Instagram, etc.; b) cuentas e-mail (p.e., Gmail, Hotmail, etc.); c) cuentas para juegos online (p.e., Second Life); d) cuentas para usar contenido online, como Kindle y Spotify; e) almacenamiento de datos en la nube (como las que ofrecen Google, Amazon y Microsoft); f) plataformas de la economía colaborativa (p.e., Airbnb, Wallapop, eBay); g) foros, blogs y chats en los que el causante haya participado; h) relaciones jurídicas constituidas electrónicamente, pero cuya prestación se cumple en el mundo off line, como es el caso de las tiendas online; i) la banca online y los sistemas de pago virtuales.
Todo este comportamiento online genera un entramado de relaciones jurídicas dimanantes de los contratos de uso celebrados con los diferentes sitios web, así como las derivadas de contratos celebrados con otros usuarios mediante estos sitios web o plataformas. Algunas de las relaciones jurídicas incluidas en estas dos modalidades serán transmisibles a los herederos y otras no, en función de su carácter personalísimo según lo determine la ley o de lo que se haya “acordado” en las condiciones de uso del sitio web. Además, en el seno de dichas relaciones, el causante puede haber suministrado datos de toda clase con un contenido específico, susceptibles de tener un valor o una relevancia económica, que pueden plasmarse en un soporte físico o tan solo existir digitalmente, a los que se denominan bienes digitales (digital assets). En esta tercera modalidad entrarían bienes como las criptomonedas o las obras artísticas (literarias, musicales, audiovisuales, etc.), bienes que, por no ser relaciones jurídicas de carácter personal, son siempre transmisibles a los herederos.
La cuestión central que pone de relieve la autora es que dichas tres categorías de relaciones jurídicas forman parte de la herencia, esto es, integran los bienes, derechos y obligaciones que se transmiten al heredero, salvo que alguno de ellos se haya configurado por la ley o por las partes como intransmisible (arts. 659 y 1112 CC, art. 411-1 CCCat, etc.). Por lo tanto, los ordenamientos jurídicos que regulan la llamada herencia digital deberían tener en cuenta que, conforme al Derecho de sucesiones, dicho contenido digital tiene el mismo tratamiento que el que podría llamarse analógico y que ambos integran de forma indisoluble la herencia. ¿Lo tienen realmente en cuenta?
Del art. 96.1.a) LOPD resulta que, salvo que el causante lo haya prohibido expresamente, tanto el heredero, como el albacea, como cualquier persona vinculada al fallecido por razones familiares o de hecho, indistintamente, tienen derecho a acceder a los contenidos (no sólo a los datos personales) derivados de los servicios prestados de la sociedad de la información e impartir a los prestadores de dichos servicios las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión. La Prof. Navas remarca, por lo tanto, que si el causante no establece claramente lo contrario, la ley está legitimando a cualquier persona vinculada a él no sólo para acceder a los servicios online de los que era usuario el causante (incluso, por ejemplo, a la banca online) sino también para decidir sobre unas relaciones jurídicas y sobre el destino de unos bienes cuya titularidad no le corresponde, lo que entra en conflicto con el derecho de sucesiones y con los derechos del titular de tales bienes (esto es, el heredero o incluso el legatario a quien el causante se los haya atribuido).
Este conflicto puede evitarse mediante una disposición testamentaria en la que el causante no solamente designe al heredero o herederos como encargados de gestionar sus cuentas online (lo que incluye el acceso a las mismas, las decisiones sobre su supresión y la disposición de su contenido), sino que también prohíba expresamente a cualquier otra persona el acceso y la gestión de dichas cuentas.
Además, el problema se agrava por el hecho de que, aunque el testamento contenga disposiciones a tal efecto, pueden verse afectadas por las condiciones de uso de los sitios web o plataformas tecnológicas. En algunas webs estas disposiciones son aceptadas por el usuario, pero en la gran mayoría ni son consentidas ni siquiera conocidas por el mismo, por presentarse como “ayuda” o como “respuesta” a una pregunta, cuando en realidad deberían considerarse verdaderas condiciones generales, que serán ejecutadas por el prestador del servicio como parte de su política operativa. Estas condiciones de uso en muchos casos disponen no sólo el cierre de la cuenta en caso de fallecimiento de su titular, sino también el carácter intransferible de los derechos y obligaciones derivados en ellas, ya sea con carácter general o sujetando su transmisión a la necesidad de su consentimiento y la extinción de tales derechos al fallecer su titular con independencia de su naturaleza[3].
Sin perjuicio de la cuestionable validez por abusivas de dichas condiciones generales, también puede suceder que el prestador de los servicios digitales solicite al usuario (ya sea en el momento de abrir la cuenta o en cualquier otro) instrucciones para el caso de su fallecimiento o incluso el nombramiento de alguna persona como encargada de solicitar la ejecución de las mismas. De nuevo nos encontramos ante la posible nulidad de dichas instrucciones, esta vez por defecto de forma, si no se ajustan a los requisitos formales que la ley española establezca (a nivel estatal, pendientes de determinar reglamentariamente conforme a los arts. 3.2 y 96.3 LOPD; en Cataluña, sólo se permiten en testamento, codicilo o memorias testamentarias[4]).
Por todo lo dicho, conviene, como afirma la Dra. Navas, que el testador faculte en su testamento a su heredero o herederos para que puedan acceder a los contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información y decidir sobre su destino, prohibiendo la intervención de cualquier otra persona, especificando si desea el mantenimiento o eliminación de los datos personales y de las cuentas que los contengan, así como cualquier otra instrucción que desee establecer[5].
En Cataluña, el art. 411-10 CCCat regula las que denomina voluntades digitales en caso de muerte. Pese a formar parte del Libro IV, que regula la sucesión por causa de muerte, tampoco encaja correctamente con la regulación del derecho de sucesiones. Aunque en defecto de disposición del causante, sólo el heredero o el albacea universal pueden ejecutar dichas voluntades digitales (no cualquier persona vinculada al causante), puede ocurrir que el causante nombre para ello a otra persona que no sea el heredero o herederos, con la consecuencia de que, por ejemplo, el heredero no tenga derecho a una copia de unos archivos digitales que le pertenecen o de que una persona ajena a la herencia pueda disponer la cancelación de las cuentas del causante y la eliminación de su contenido. 
Por otra parte, a mi juicio, conforme al apartado 6, si el causante no lo ha establecido de otro modo en sus voluntades digitales, la persona a quien corresponde ejecutarlas (aunque haya sido designada por él, pues la norma no excluye este supuesto) no puede tener acceso a los contenidos de sus cuentas y archivos digitales, salvo que obtenga la correspondiente autorización judicial. No tiene mucho sentido que el heredero tenga que pedir autorización judicial para acceder a un contenido que le pertenece. Parece que en la mente del legislador ha prevalecido la voluntad de preservar los datos personales del causante antes que los legítimos intereses y derechos del heredero; posiblemente debería haberse dado preferencia a estos, sin cortapisas, antes que a los de una persona que ya ha fallecido. Pero el precepto se refiere solo a los datos personales, sino que habla de contenido de sus cuentas y archivos digitales, en general. En cualquier caso, da la impresión de que podían haberse cohonestado mejor la protección a la intimidad del causante y los derechos sucesorios del heredero; pues, como dice la Dra. Navas, “el derecho a la protección de los datos no puede evitar el normal desenvolvimiento de la sucesión universal mortis causa pues, en caso contrario, afectaría, de forma relevante, a la seguridad del tráfico jurídico-económico”. El legislador está más preocupado por la protección de los datos del causante y del cumplimiento de su encargo o sus instrucciones, cualquiera que sea su forma y contenido, que de velar por los derechos del heredero[6]. El testamento, de nuevo, puede ser la manera de compaginar ambos derechos en cada caso concreto.
A modo de conclusión, me gustaría exponer cómo debería ser, siguiendo a la Dra. Navas y a mi parecer, la actuación del notario en esta materia.
En primer lugar, el notario debería dar a conocer al testador la existencia del contenido digital de su herencia, comprensivo no solamente de datos de carácter personal sino también de relaciones jurídicas y de posibles bienes digitales. En segundo término, debería sugerirle la designación de una persona para que cumpla determinadas instrucciones al respecto, persona que preferiblemente debería ser el heredero o todos los herederos designados, en su caso, por el orden en que lo son y, salvo en Cataluña, prohibiendo expresamente la intervención a cualquier otra persona; en cualquier otro supuesto, es decir si el testador desea designar para dicho encargo a una persona que no sea el heredero o todos los herederos, deberá ser advertido del posible conflicto que puede generarse entre uno y otros. En tercer lugar, debería especificar las instrucciones sobre dicho contenido digital, en particular si desea mantener o cerrar sus cuentas y si desea dar algún destino particular a sus bienes digitales, siempre evitando perjudicar al heredero (o al legatario, en su caso) y a la herencia. Finalmente, en Cataluña, debería permitir expresamente al heredero o a la persona designada para ejecutar sus voluntades digitales, para que pueda tener acceso a los contenidos de sus cuentas y archivos digitales sin necesidad de autorización judicial.

Una cláusula testamentaria reguladora de esta materia, en los casos en que el testador desee que el heredero cancele sus cuentas en internet y pueda acceder al "contenido digital" de la herencia, a mi juicio, podría ser:

Encarga a la persona o personas que resulten ser sus herederos, con exclusión de cualquier otra, que cierre/n sus cuentas en internet y les faculta expresamente para que puedan acceder a los contenidos de sus cuentas y archivos digitales con la finalidad de suprimirlos o de darles el destino que considere/n conveniente.  

            



[1] Publicado en la Revista de Derecho Privado, enero-febrero 2020, Editorial Reus, págs. 59 a 88.
[2] El art. 2.4 del RD 1720/2007 puede considerarse derogado tácitamente por la LOPD.
[3] Dos casos que se citan en el trabajo de cuya recensión me ocupo, son, por ejemplo, los referidos al sitio web Yahoo!:  “Excepto las de OAL, el resto de las cuentas de Oath son intransferibles, por lo que, tras el fallecimiento del titular, se pierden todos los derechos que se tengan sobre ellas (https://policies.oath.com/ie/es/oath/terms/otos/index.html; fecha de la consulta diciembre 2019). Y a la red social Facebook        que indica: “No transferirás ninguno de tus derechos u obligaciones en virtud de estas Condiciones a ningún tercero sin nuestro consentimiento” (https://es-es.facebook.com/legal/terms; fecha de la consulta: diciembre 2019).
[4] El art. 411-10.3 preveía que, si el causante no ha otorgado disposiciones de última voluntad, podía ordenar sus voluntades digitales mediante cualquier otro documento que debía inscribirse en el Registro electrónico de voluntades digitales. Esta norma fue declarada inconstitucional y nula por la STC 7/2019, de 17 de enero.

[5] Estas instrucciones podrían tener la naturaleza jurídica de un modo a cargo del heredero, que deberá cumplir con los requisitos de forma y de contenido establecidos por la ley. En particular, sería dudosa la eficacia de un modo que pudiera perjudicar los derechos del heredero, como podría ser la eliminación de todo o parte del contenido digital, que podría reputarse ilícita por antijurídica.
[6] Otra prueba de ello es la letra c) del art. 411-10.2, en que se faculta a la persona designada por el causante para solicitar a los prestadores de servicios digitales que ejecuten las cláusulas contractuales o que se activen las políticas establecidas para los casos de defunción de los titulares de cuentas activas. Ya nos hemos referido a la más que dudosa legalidad de estas cláusulas y de estas políticas. El heredero debería estar legitimado no solo para solicitar la ejecución de las mismas sino también para actuar con el objeto de evitar los perjuicios que le puedan suponer.

viernes, 28 de febrero de 2020

DOS SENTENCIAS DEL TSJC SOBRE LA LEGÍTIMA

          CÓMPUTO DE LA LEGÍTIMA.- Las donaciones no imputables a la legítima, otorgadas diez años antes de la apertura de la sucesión, no se computan para el cálculo de la legítima.

            Sentencia nº. 58/2019, de 25 de julio
            (Ponente: Mª Eugènia Alegret Burgués)

        La causante hizo donación de todos sus bienes a uno de sus hijos 24 años antes de morir, sin establecer el carácter imputable de la donación y los restantes hermanos del donatario reclaman que dicha donación se compute para el cálculo de la legítima. Se basan en que el apartado 4 del art. 451-8 solo tiene sentido si es para incluir en el cómputo de la legítima todas las donaciones realizadas a los legitimarios.

          El TSJC deniega la reclamación sobre la base de la interpretación gramatical del art. 451-5.b), que excluye del cómputo de la legítima el valor de los bienes donados por el causante diez años antes de su muerte, con la excepción de las donaciones imputables a la legítima “que se computarán en todo caso, con independencia de su fecha”. Por lo tanto las donaciones no imputables no se computan si se han otorgado diez años antes de la apertura de la sucesión. 

           Argumenta el tribunal que “la regla del art. 451-5 se halla en sede de cómputo de legítima global, mientras que el párrafo 4 del art. 451-8 se refiere al modo de valorar las donaciones y demás atribuciones imputables a la legítima individual […], por lo que la remisión al art. 451-5 solo puede venir referida a su letra c) que es la que regula cómo deben valorarse las donaciones computables. Por lo tanto el siguiente inciso del art. 451-8.4 salvando que su imputación no está sometida al límite de 10 años fijado por la letra b) de dicho artículo, no hace sino reforzar la idea de que las donaciones imputables a la legítima deben ser siempre computadas. La regla b) del art. 451-5 y el art. 451-8.4 CCCat son perfectamente coherentes pues si todas las donaciones imputables a la legítima se han de descontar de la legítima individual, la regla lógica es que previamente todas ellas se computen para determinar la legítima global”.

       Por último, el criterio de que solo cuando las donaciones son imputables a la legítima deben computarse aunque se hayan otorgado antes de los 10 años resulta claramente del Preámbulo del Libro IV del CCCat y de los trabajos preparatorios del mismo.
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            LEGÍTIMA DEL PROGENITOR.- La reclamación de la legítima, hecha por el progenitor por burofax o por correo electrónico, no es suficiente para que tal derecho se transmita a sus herederos.
            
              Sentencia 70/2019, de 11 de noviembre
             (Ponente: José Francisco Valls Gombau)

            RESUMEN.- Habiendo fallecido la causante en 2015, su madre le sobrevivió unos meses tras haberle reclamado la legítima por burofax y a través de varios correos electrónicos. Se plantea si el heredero de la legitimaria puede reclamar dicha legítima o si bien tal derecho se ha extinguido al fallecer aquella. A este respecto, el art. 451-25.2 CCCat dispone que la legítima de los progenitores se extingue si el acreedor muere sin haberla reclamado judicialmente o por requerimiento notarial después de la muerte del hijo causante

             La parte demandante sostiene que el derecho de la legitimaria es transmisible a sus herederos en base a que el art. 451-25.2, más que regular un supuesto de extinción de la legítima de los progenitores, establece como requisito para su transmisibilidad que el progenitor la haya reclamado en vida, sin necesidad de que lo haya hecho mediante demanda judicial, como lo prueba el que también se admita su reclamación por requerimiento notarial. De este modo, el requerimiento notarial sería un requisito ad probationem, que no excluiría la prueba de la reclamación por otros medios como en el caso de autos.      

            El TSJC entiende, por el contrario, que dada la configuración de la legítima de los ascendientes como un derecho personal, las formalidades que prevé el art. 451-25.2 (reclamación judicial o requerimiento notarial) no son requisitos ad probationem, sino presupuestos para que dicho derecho personal del legitimario sea transmisible a sus herederos, para lo que se le exige una cierta diligencia por parte de aquel.